La autoridad golpista de Honduras dicta auto de prisión para Bertha Cáceres, coordinadora del COPINH y defensora de los Derechos Humanos.

«El que la sigue, la consigue», parecen decirse entre dientes los siniestros mandatarios hondureños. Después de mucho tiempo de amenazas, intimidaciones y persecuciones (las cuales incluyeron el asesinato el pasado mes de junio de Tomás García, activista lenca), el pasado 20 de septiembre la jueza Lissien Lisseth Knight Reyes ha dictado un auto de prisión para Bertha Cáceres, coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras (COPINH). El COPINH es, sin duda, el movimiento social más grande y más influyente del país centroamericano y su labor de defensa de las diferentes etnias indígenas de la región (ocho en total) le ha traído problemas y enfrentamientos con el gobierno y el ejército a lo largo de toda su historia. Una de sus líderes más populares y combativas es Bertha Cáceres, la cara visible de la lucha del pueblo lenca y de la defensa de sus recursos naturales frente al gobierno y las multinacionales.

No es nuevo para los lectores de el Mundo de Mañana que el gobierno heredado del golpe de Estado de 2009, al igual que tantos anteriores pero con mucha más violencia e impunidad, hace lo posible por saquear su propia tierra en beneficio de unos pocos oligarcas que viven a costa de su pueblo. En menos de dos meses hay elecciones generales, lo que obliga a los que están a saquear más rápido para llevarse todo lo posible y a acallar las voces críticas para luchar por la reelección de su partido. Dentro de esa estrategia está, qué duda cabe, el injustificable auto de prisión (no tiene ni pies ni cabeza) de Bertha Cáceres. Exigiendo desde estas mismas páginas a la comunidad internacional de la que formamos parte que se posicione ante este nuevo atropello del gobierno de Honduras a los Derechos Humanos, les dejamos con las propias palabras de Cáceres para que sea ella quien dé cuenta de la injusta situación.

“Gracias por el gesto de solidaridad nacional e internacional, de movilización contundente que ha tenido el COPINH, organizaciones hermanas y las fuerzas sociales y políticas progresistas que se han sumado a la lucha del COPINH.

Condenamos la decisión de la Corte, de la Jueza Lissien Lisseth Knight Reyes que ha copiado la orden de la Empresa Desarrollos Energéticos, sabemos que ha habido presión desde arriba, ya DESA manejaba la resolución, esta es la justicia que hay en Honduras.

Rechazamos la resolución, los cargos, las imputaciones, es claro que el delito es defender los ríos, el agua, evitar que los bienes comunes caigan en manos de las empresas privadas, DESA se ha basado en una concesión ilegal e ilegítima y hemos denunciado eso en el Congreso Nacional, comenzando por SERNA que con toda ilegalidad ha otorgado estas concesiones. Nos vemos en esta tremenda indefensión al tener a este tipo como Fiscal Adjunto, Rigoberto Cuellar.

Pese a la decisión nos mantenemos dignas, con la frente en alto, no van a detener el proceso de lucha emancipadora en defensa de los territorios, el río y la espiritualidad del pueblo lenca. Se equivocan si piensan que con esta resolución van a detener la lucha del pueblo lenca.

Dicen que es delito gritar consignas, nuestras mantas, que somos agitadores de masas, que los poemas en nuestra página web son una inducción… El abogado Cantillana está fundando en racismo sus acusaciones, se refiere al pueblo indígena como ignorantes y eso es racismo y lo condenamos.

La resolución fue notificada al abogado Victor Fernández que está siendo acusado de lo mismo en Atlántida, y eso es pretender dejarnos más indefensos.

Ordenaron el desalojo y queremos preguntarle a la Jueza Knight, ¿en qué cabeza le cabe ordenar desalojo?, ¿cómo puede ser desalojado el pueblo de su propio territorio cuando el Estado está obligado a garantizar, a respetar su territorio y vida? Estamos en contacto con organismos internacionales para denunciar la expulsión de su mismo territorio, condenamos además la presencia militar en la zona a través de la Operación “Libertad”.

Hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional, a las comunidades indígenas, en especial a la gran jornada de lucha de defensa de la cultura y la espiritualidad, porque no vamos a echarnos para atrás, donde estemos vamos a seguir adelante apegados a lo que nos ha enseñado Lempira.

Yo me declaro como “perseguida política”, como “prisionera de conciencia”. No es algo desligado del contexto, a esto nos están orillando. La lucha jurídica es una de las luchas, elevar nuestra capacidad de movilización, es otra. Se va a extender la lucha territorial en las zonas, en defensa de la autonomía indígena, en Intibucá, Lempira, La Paz y Santa Bárbara. Redoblaremos esfuerzos porque no nos van a humillar. ¡No nos sentimos humilladas!.

Estos jueces se exhiben en ignorancia y servilismo y sabemos que se preparan para recrudecer la criminalización, escarmentar con el COPINH al movimiento social y frente a esto hay que levantarnos con fuerza a esta represión que se nos impone.

¡COPINH no está descabezado, tiene una capacidad digna y firme de seguir adelante!